Nacionalidad española para Ucranianos

Nacionalidad española para ciudadanos Ucranianos: Claves del Proceso por Residencia (Actualizado a diciembre de 2025)

La comunidad ucraniana en España ha experimentado un crecimiento significativo desde la invasión rusa en febrero de 2022, con más de 236.000 personas beneficiarias de protección temporal concedida por las autoridades españolas. Muchos de ellos, amparados en este régimen especial activado por la Unión Europea, exploran ahora la posibilidad de solicitar la nacionalidad española por residencia como vía hacia una integración plena y permanente. Este artículo explica los requisitos y el marco legal vigente, con atención especial a las particularidades para ciudadanos ucranianos bajo protección temporal, cuya validez se ha prorrogado automáticamente hasta el 4 de marzo de 2026.

El Requisito Principal: Residencia Legal, Continuada e Inmediatamente Anterior

La base para adquirir la nacionalidad española por residencia es cumplir un período de 10 años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud (artículo 22 del Código Civil). La jurisprudencia interpreta estrictamente estos conceptos:

• Residencia Legal: Requiere una autorización de residencia válida. Elementos como el empadronamiento o certificados escolares no bastan por sí solos para acreditarla, según reiterada doctrina de la Audiencia Nacional.

• Residencia Continuada: No se admiten interrupciones en el estatus legal. Ausencias prolongadas o lapsos sin autorización válida rompen la continuidad, incluso por causas no imputables al solicitante.

• Inmediatamente Anterior: Los 10 años deben completarse justo antes de presentar la solicitud.

Para los ciudadanos ucranianos beneficiarios de protección temporal, la autorización de residencia concedida bajo este régimen se considera residencia legal a efectos del cómputo. El Artículo 128. Autorización de residencia temporal por razones humanitarias. del nuevo Reglamento de Extranjería contempla la concesión de una autorización por razones humanitarias a las personas desplazadas conforme a la normativa sobre protección temporal.

Otros requisitos esenciales

Además de la residencia, se exigen:

1. Buena Conducta Cívica: Más allá de carecer de antecedentes penales (certificados de Ucrania y España), implica un comportamiento acorde con las normas sociales. La Administración evalúa el expediente de forma rigurosa.

2. Suficiente Grado de Integración en la Sociedad Española: Concepto indeterminado que se valora caso por caso. La Instrucción de 26 de julio de 2007 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes DGRN) destaca la entrevista personal ante el Encargado del Registro Civil (o equivalentes en el procedimiento actual), donde se comprueba el conocimiento del idioma, costumbres y organización política y social de España. Desde 2015, se requieren pruebas oficiales (DELE A2 y CCSE del Instituto Cervantes, con exenciones para ciertos casos).

El procedimiento de solicitud de nacionalidad en la práctica

El expediente de nacionalidad se inicia con la presentación de una solicitud formal acompañada de la documentación acreditativa (pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, autorización de residencia, etc.).

Un aspecto importante, destacado en la citada INSTRUCCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, es que el solicitante puede autorizar a la Administración para que recabe de oficio ciertos documentos, como el certificado de antecedentes penales español, simplificando así el trámite.

Conclusión: Un camino Exigente pero Viable

El acceso a la nacionalidad española para los ciudadanos ucranianos es un proceso regulado y exigente, donde el cumplimiento estricto del requisito de residencia legal y continuada es la piedra angular. La situación de protección temporal ofrece una base de residencia legal válida para iniciar el cómputo, pero es imprescindible mantener dicho estatus sin interrupciones.

Asimismo, es fundamental preparar adecuadamente la acreditación de la buena conducta cívica y el grado de integración. La jurisprudencia demuestra que la Administración realiza una valoración rigurosa de cada uno de estos puntos, por lo que una preparación diligente del expediente es clave para el éxito de la solicitud.

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